Caracas, 25 abril de 2020- José Antonio Mendoza, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, rechazó la fiscalización y controles de precios implementada por el régimen de Nicolás Maduro.
Afirmó que la implementación de estas medidas en medio de la cuarentena es "volver al modelo fracasado", que no beneficia al pueblo.
"Con controles y fiscalizaciones solo generan escasez y desabastecimiento que afecta al pueblo", aseveró el secretario general de Primero Justicia en la entidad.
Estas declaraciones las ofreció a través de su cuenta de Twitter, donde difundió imágenes del procedimiento realizado en Maturín por el alcalde de la entidad, Wilfredo Ordaz; el jefe de la Zodi Monagas, general de división Alfredo Parra Yarza; y funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
"Como lo hemos dicho una y otra vez: El problema no son los comerciantes, el problema es que no han podido controlar una economía de hiperinflación y el dólar paralelo que prometieron controlar", subrayó Mendoza.
El parlamentario manifestó su solidaridad con el sector privado, que pese a la emergencia humanitaria compleja, agravada por el covid-19, continúa apostando al país.
"Hoy hace su mejor esfuerzo para poder seguir manteniendo en pie los comercios y generar empleo", resaltó.
La solución
El dirigente de PJ reconoció que los ciudadanos no pueden adquirir la canasta básica debido a la pulverización del salario mínimo, que hoy se ubica en menos de cuatro dólares.
Sin embargo, afirmó que con estos controles y fiscalizaciones no solo se tendrá que enfrentar a la imposibilidad de adquirir los alimentos por falta de dinero. "También enfrentará la escasez y desabastecimiento, lo que se traduce en más hambre y necesidad", agregó.
"Lo único que buscan con esto es alargar la arruga, ponerla la mano al inventario de productos para tratar de generar un show", aseguró.
El legislador insistió en que la solución para la crítica situación del país pasa por la instalación de un gobierno de emergencia nacional, como lo propuso el presidente interino Juan Guaidó.
Indicó que este el permitiría al sector privado contar con garantías jurídicas y legales de la legislación venezolana, que le permitan producir y generar empleo.
"Esto le permitirá a los venezolanos con un poder adquisitivo estable, garante, fuerte para poder cubrir sus necesidades y le permitirá un crecimiento económico en el tiempo", enfatizó.
