Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
Caracas, 19 de septiembre de 2023.- La legítima Asamblea Nacional de Venezuela rechazó este martes la masacre de indígenas venezolanos en la mina Cacique del cerro Yacapana, estado Amazonas, y exigió justicia a fin de evitar que esas muertes queden impunes. Asimismo, reclamaron el respeto a los derechos humanos de las poblaciones que allí hacen vida y la adopción de políticas que garanticen la preservación de todos los recursos naturales que hoy están siendo devastados, con la venia del Estado, mediante el proyecto del Arco Minero del Orinoco.
El debate lo abrió el diputado Romel Guzamana (Voluntad Popular), quien denunció a militares venezolanos por el asesinato –el pasado miércoles 6 de septiembre– de cuatro indígenas, a quienes identificó como Kenny Carvajal, Lenín Carvajal, Yender Jesús Prieto Lara y Luis Figuera, tras ser emboscados en la mina Cacique ubicada en el municipio Atabapo. Según él, los funcionarios castrenses entraron a la citada mina sin mediar palabras y procedieron a disparar.
“La Operación Autana es un grupo de choque que ha venido violando la Constitución y creando anarquía y zozobra entre los indígenas del estado Amazonas”, dijo el parlamentario, al preguntarse por qué asesinan a sus hermanos y protegen a la guerrilla colombiana que allí estaría operando bajo la mirada del Estado venezolano. Guzamana presentó el proyecto de acuerdo que condena los asesinatos y los califica como crímenes de lesa humanidad, y además exige una investigación exhaustiva de los hechos por cuanto aún habría personas desaparecidas. “Hasta ahora no sabemos cuántos hermanos indígenas están detenidos, cuántos están muertos y cuántos heridos”, aseveró.
Posteriormente el diputado Luis Barragán (Encuentro Ciudadano), se manifestó profundamente conmovido por lo sucedido en la mina Cacique, una escena que –indicó– se ha repetido en los más de 20 años que lleva gobernando el socialismo del siglo XXI. Desestimó la versión oficial según la cual los indígenas habrían emboscado a los militares, agrediéndolos con flechas.
Tras rechazar la respuesta desproporcionada de los militares que, con armas de fuego y entrenados para atacar, dejaron de lado la persuasión a fin de evitar un baño de sangre, Barragán calificó de “abusiva” la respuesta de ese grupo de integrantes de la Fuerza Armada que, señaló, siembra el terror en la zona, bajo la aquiescencia de la FANB. Y recordó que no es la primera vez que los militares venezolanos se ven involucrados en hechos similares. “Nos unimos a la indignación del país y especialmente de nuestros coterráneos del estado Amazonas, frente a estos hechos de tan gravísimo calibre”, sentenció.
Finalmente, la diputada María Gabriela Hernández (Primero Justicia), recordó que en febrero de 2023 esta misma AN acordó declarar en emergencia el Parque Nacional Yacapana en toda su extensión y a su población, por considerar que ambos estaban en peligro inminente como consecuencia de la política minera de Nicolás Maduro y su régimen, traducida en “devastación ambiental, asociación de cuerpos armados para delinquir, expoliación del territorio venezolano, violación de derechos fundamentales y de las poblaciones originarias”. Y además se instó a la comunidad internacional representada en Naciones Unidas, la Unesco y el resto de los países amazónicos, a “excluir a Venezuela del Sistema de Certificación de Oro y Diamante, dado que el origen de ellos es producto de la violación de DDHH”.
Por ello, y en víspera de la Asamblea General de la ONU, la diputada Hernández pidió fortalecer el acuerdo aprobado en febrero, partiendo del hecho de que el ambiente y su triple emergencia –cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación– será uno de los objetos de debate del cónclave internacional. A su parecer, la legítima AN está obligada a convertirse en voz de Venezuela. “La ONU debe conocer que lo que ocurre en el Parque Nacional Yacapana, sucede por derivación de la política minera del régimen de Maduro que impulsa y protege esa devastación. Según la ONG SOS Orinoco, solo en el Parque Nacional Yacapana se han perdido 3.316 hectáreas en la cumbre del Yacapana Mayor”, en 23 minales ilegales.
La presidente de la Asamblea Nacional, diputada Dinorah Figuera, culminó señalando que lo que está ocurriendo con las comunidades indígenas en Venezuela “es sumamente grave” y reconoció que este parlamento tradicionalmente ha acompañado a estas sociedades en sus denuncias sobre la violación de sus derechos humanos, pero también del impacto dramático sobre la ecología que está causando la práctica de la minería ilegal.
Esta actividad, recordó, “ha llevado a una cadena de asesinatos y desplazamientos de grupos de indígenas, ya vapuleados por las precarias políticas públicas, sobre todo en materia de salud”. En este punto, dijo, Venezuela “tiene los indicadores de malaria más altos del mundo”. Finalmente propuso la celebración, en los próximos días, de un Foro que genere un debate mucho más amplio sobre la situación tan delicada que se está viviendo en las áreas objeto del Arco Minero del Orinoco, y que abarque, entre otros temas, el asesinato de nuestros pueblos originarios y el ecocidio.
