Caracas, 02 de marzo de 2023.- La comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional debatió este jueves la crisis económica que afecta a la población venezolana, y en particular a los trabajadores de la administración pública, cuyos sueldos y salarios se tornan insuficientes para cubrir siquiera un día de alimentación; y además aprobó el acompañamiento permanente de sus justos reclamos hasta que sean cumplidos.
La sesión fue conducida por la primera vicepresidenta, diputada Marianela Fernández, quien dio la palabra a su colega por el estado Táchira, Karim Vera (Primero Justicia), que abrió el debate planteando la profunda crisis económica y social que atraviesa la clase trabajadora de Venezuela y que calificó de “proporciones invaluables”, haciendo énfasis en quienes laboran para la administración pública son los más afectados.
“De acuerdo con la escala de sueldos y salarios, estos no sobrepasan siquiera los $80, monto que está muy por debajo de las necesidades de los trabajadores y ciudadanos venezolanos”, dijo Vera, al señalar que no alcanzan siquiera para cubrir las necesidades de un día en cualquier hogar venezolano, porque mientras el salario mínimo de los educadores está en $6 al mes, un trabajador o necesita alrededor de $16 diarios para satisfacer sus requerimientos y los de su familia.
En este sentido, la parlamentaria solicitó la venia de sus colegas para que la profesora Katiuska Russo, miembro de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), ofreciera el testimonio de lo que a diario enfrentan.
Educación: la palanca del progreso
Aprobada la solicitud, Russo, quien es integrante del comité directivo del Sindicato Venezolano de Maestros, filial de la FVM, recordó que la lucha del magisterio venezolano es de vieja data, pero que se radicalizó a partir de julio del año pasado cuando pretendieron robarles el Bono Vacacional y Recreacional.
“Hoy en día nos pretenden arrodillar con un salario de hambre y miseria. Por falta de políticas económicas serias, el régimen nos tiene ganando salarios de entre $4 y $9 mensuales, con lo cual se hace imposible vivir”, apuntó; al denunciar que esa es una de las causas de la migración masiva de docentes y del abandono de sus puestos de trabajo, en busca de actividades económicas que procuren los ingresos que el régimen hoy les niega.
Russo lamentó que ellos y sus núcleos familiares estén “completamente desvalidos”, por los inexistentes salarios; el 280% de pasivos que tiene el Ministerio de Educación con el gremio; la falta de seguridad social ante el colapso del Ipasme que antes les brindaba atención primaria; y la ausencia de seguro de HCM y de seguro funerario.
En lo que respecta a la calidad de la educación, reconoció que cada vez es peor. Hoy no existe el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los planteles. “Ustedes deben comprender lo que significa un niño con mala nutrición desde la infancia”.
Además, enumeró las deficiencias en la planta física donde no hay seguridad, mobiliario y menos servicios públicos. “Diputados, nosotros lo que necesitamos es inversión en educación. Mientras tanto nos mantendremos en la calle porque entendemos que la educación es la palanca del progreso. Venezuela cuenta con sus educadores”.
Recuperar la dignidad laboral
Por su parte la diputada por Carabobo, Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela), señaló que la crisis que atraviesan los trabajadores de la administración pública convocará a la legítima Asamblea Nacional las veces que sea necesario, para corroborar la urgencia que tiene Venezuela de que ocurra un cambio del modelo.
“Han pulverizado la calidad de vida y de trabajo de todos los miembros de la masa laboral, con mucho más impacto en quienes dependen de la administración pública. La explotación en jornadas laborales extenuantes, las malas condiciones del entorno en cuanto a seguridad e insalubridad, bajos salarios, etc., eran las principales demandas de los trabajadores en el pasado, pero hoy cobran mayor vigencia”, advirtió.
La diputada rechazó el desparpajo y cinismo de quienes se llaman gobierno obrero y enfatizó que los trabajadores están obligados por el poder político a laborar “a cambio de una miseria salarial y control partidista en pago de jornadas en una administración pública cada vez más burócrata e ineficiente”.
Aray apuntó que los salarios actuales son “indignos”, incapaces de cubrir necesidades básicas de alimentación y menos de salud y por ello dijo que los diputados “nos hacemos parte de sus reclamos, porque entendemos que los trabajadores son el pilar fundamental del retorno de Venezuela a las condiciones institucionales demócratas y laborales que merecemos”.
Además señaló que los trabajadores necesitan acompañamiento y apoyo, no quieren subestimación ni que los utilicen, sólo que los respalden y ayuden a recuperar la dignidad laboral que les devuelva su estabilidad.
Fracaso del socialismo del siglo XXI
Mientras que la diputada por el estado Lara, María Teresa Pérez (Avanzada Progresista), insistió en la necesidad de seguir visibilizando la crisis que atraviesan el país y sus ciudadanos.
“Denunciamos nuevamente la precaria situación de nuestros trabajadores de la administración pública, ante la falta de políticas económicas y sociales que les permitan vivir con dignidad. Para nadie es un secreto la falta de salarios ajustados a la inflación”, señaló.
A ello, Pérez sumó las condiciones deplorables de la infraestructura física de los planteles, la carencia de servicios básicos, falta de transporte, ausencia de un sistema de salud que les brinde seguridad y el irrespeto del régimen a la autonomía de los gremios e instituciones.
Todo este panorama, insistió, solo demuestra la incompetencia del régimen en lo político, económico y social, y en el consecuente fracaso del socialismo del siglo XXI. “Venezuela está en terapia intensiva. Hoy debemos más que nunca unirnos para alcanzar y luchar por unas elecciones libres, justas y verificables en beneficio de las mayorías”.
Régimen no puede invisibilizar el conflicto
Finalmente, el diputado por Caracas, Rafael Veloz (Voluntad Popular), dijo que desde el pasado 9 de enero, los educadores venezolanos y los trabajadores de la administración pública en general, arrancaron el año protestando por los casi inexistentes sueldos y salarios, y exigiendo su adecuación al costo de la canasta alimentaria, tal como lo prevé el artículo 91 de la Constitución.
Frente a ello, dijo, el régimen de Maduro no ha dado respuesta, elevando con ello el índice de conflictividad en el país. Si bien recordó que el convulsionado clima social es de vieja data, este se agudizó a partir de los últimos tres meses de 2022, “cuando los trabajadores de educación alzaron su voz frente al ilegal instructivo de la Onapre que borraba de un plumazo las conquistas laborales alcanzadas en las convenciones colectivas”.
A punta de bonos, el régimen ha querido invisibilizar el conflicto, pero Veloz asegura que en esta oportunidad se equivocó; pues la Ministra de Educación, el ministro del Trabajo y los sindicatos oficialistas no han logrado pacificar la protesta y, por el contrario, han dado mayor efervescencia a los reclamos, porque hoy todos saben que los bonos son sólo trampas cazabobos, que no tienen incidencia salarial alguna.
Ante esta situación, pidió estar alerta frente a la promulgación de Ley de Participación Estudiantil en el subsistema de Educación Integral, “un perverso instrumento legal” que viola flagrantemente la Carta Magna, y cuyo único esfuerzo es controlar política y socialmente los factores de educación, permitiendo a los bachilleres dar clases, degradando así la profesionalización de la educación.
