En el marco de la investigación sobre la confiscación del periódico por parte del régimen de Nicolás Maduro, la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación, emitió boletas de comparecencia a los Magistrados de la Sala Civil y demás funcionarios judiciales implicados en este procedimiento ilegal que los obliga a pagar cerca de 30 millones de dólares.
Los ciudadanos citados por la instancia son: Lissette del Carmen Idrovo, Jueza Tercera de Primera instancia en lo civil; los Magistrados de la Sala Civil: presidente ponente, Iván Bastardo, Guillermo Blanco, Vilma Fernández, Francisco Velásquez, Marisela Godoy. Adicionalmente, los Magistrados: Calixto Ortega, Carmen Zuleta, Arcadio Rosales y otros funcionarios implicados en el procedimiento.
El presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación, diputado Jony Rahal, sostuvo que el Poder Legislativo y la referida instancia tienen la potestad de declarar responsabilidad política contra estos funcionarios que aniquilan la libertad de expresión.
Expresó que la Comisión está obligada a cumplir la orden planteada en el Acuerdo aprobado en la plenaria de la Comisión Delegada, porque es “una obligación para con el país porque aquí se está lesionando la libertad de expresión, el derecho a estar informados de los venezolanos de manera veraz y oportuna”.
“Este régimen ha implementado una política perversa para promover la censura y la autocensura y nosotros estamos obligados a ejercer un muro. Este un delito a la libertad de expresión, prensa libre y propiedad privada”, exclamó.
En la reunión ordinaria de la Comisión de Medios, realizada vía telemática, el diputado Jony Rahal otorgó el derecho de palabra al presidente del Diario Nacional, Miguel Enrique Otero, quien explicó que esta acción tiene en la práctica dos situaciones fundamentales: La flagrante violación a la libertad de expresión al ocupar un edificio de un periódico, con militares con armas largas y desalojar a los trabajadores, sin ningún tipo de respaldo jurídico ni el debido proceso”.
“Este es un caso donde se han violado todas las reglamentaciones y todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales”, indicó Otero, quien de igual manera, señaló que no ocurrió un juicio penal y denunció a los funcionarios judiciales implicados en el procedimiento que posteriormente serán citados para comparecer en la Comisión de Medios de la legítima AN.
De igual manera, el pleno concedió el derecho de palabra a Juan Cancio Garanton, abogado del Diario Nacional, quien señaló que la controversia judicial inició en el año 2015, y que, ahora en el año 2021 se ejerce de nuevo el abuso de autoridad contra el medio, lo cual lo tildó de atropello
“El Tribunal de Primera Instancia ordenó el embargo contra el Diario El Nacional, sin esperar que se cumpla el lapso ejecución voluntaria, lo hace ipso facto y la Comisión Tribunal de Municipio nunca se identificó y tomaron arbitrariamente las instalaciones desde el viernes 14 de mayo, sin hacer inventario, peritaje debido, sin explicación alguna y con un desalojo forzoso de los trabajadores”, narró el abogado Garanton.
Para la diputada Sonia Medina, este juicio de persecución política contra la prensa libre y pidió llevar ante instancias jurídicas internacionales esta “sentencia irrita emanada de la dictadura” que ocasionó la ejecución forzosa de embargar al periódico El Nacional.
La parlamentaria María Concepción Mulino indicó que en este caso que subraya la ilegitimidad de los Magistrados de la Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional por no tener requisitos para asumir sus cargos y las irregularidades judiciales que afecta el derecho a la información a todos los venezolanos.
La diputada Milagros Eulate, se solidarizó con los directivos y trabajadores del Diario El Nacional y acusó a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de estar plagados de inmoralidad y violar contantemente la ley; frente a esto, indicó que se hace necesario que haga justicia, asegurando que solo será hasta que haya un cambio político en el país.
