Periodista: Prensa An. / Fotografo: Prensa An.
La intención del Estado venezolano de implementar una Ley de Fiscalización y Regularización de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, es acallar la voz y cerrar el espacio ciudadano por completo.
Así lo afirmó la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional legítima, la diputada por el estado Zulia, Marianela Fernández, durante la sesión ordinaria de la Comisión Delegada, celebrada vía telemática este jueves.
“Este es un tema que debe ocuparnos, creo que nosotros debemos subirle el volumen. Esta intención perversa de pretender sancionar una ley que regularice, fiscalice y termine con las organizaciones no gubernamentales, no tiene otra intención que cerrar por completo el espacio ciudadano”, subrayó la parlamentaria zuliana.
Aseguró que este tipo de leyes han sido implementadas en otros países como la Nicaragua que dirige Daniel Ortega y en otros regímenes de carácter dictatorial, con el objetivo de acallar las voces democráticas.
“Yo me permití leer el papel de trabajo de ese proyecto de ley y ciertamente establecen unos requisitos que más bien parecen una extorsión, porque son tan onerosos que son imposibles de cumplir por las organizaciones no gubernamentales”, dijo Fernández.
Considera que el Estado venezolano debería estar agradecido con las ONGs que operan en el país hace más de una década, que se han ocupado de temas prioritarios como la salud, la educación, recreación, tareas que le competen al gobierno y que no se han ocupado.
“Ahora pretenden con este proyecto legal cerrar espacios cívicos que tenemos los venezolanos. Condenamos esta intención de acabar con las ONGs y nos hacemos solidarios por este atropello e intento de callar la voz del ciudadano en Venezuela”, insistió finalmente la diputada Fernández.
