Caracas - Venezuela
diciembre 03 2021 / 1:05 p. m.

AN exige suspensión inmediata del censo de vivienda que busca hogares desocupados para despojar a sus propietarios

Fecha: 01/10/2019

Prensa  AN

La Asamblea Nacional aprobó este martes un “Acuerdo en Rechazo al Ilegal Censo de Vivienda y en respaldo al derecho de propiedad privada de todos los venezolanos”, basándose en el artículo 115 de la Constitución Nacional el cual garantiza que toda persona tiene derecho al uso,  goce, disfrute y disposición de sus bienes.

El acuerdo exige el cese inmediato del XV Censo Nacional de Población y Vivienda, argumentando  que el mismo tiene por finalidad localizar viviendas desocupadas para despojar de ellas a sus propietarios.

Señala el acuerdo que  este censo demográfico  fue creado por el “régimen usurpador” con el fin  de  hacer un levantamiento de la información inmobiliaria en el país, para  posteriormente hacer un empadronamiento familiar, afectando las viviendas y locales, tanto del sector público como privado, al provenir de un organismo ilegal.

Igualmente el texto aprobado, ampara en la declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 17, el derecho que tiene toda persona a la propiedad individual y colectiva, así como a no ser privada arbitrariamente de lo que le pertenece.

La Asamblea Nacional, exige la suspensión del censo atendiendo su obligación de velar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de los venezolanos  y de  investigar la actuación del Estado donde se violen las leyes y se menoscaben los derechos y garantías constitucionales

En atención a esto, se acordó designar una comisión especial para dar inicio a un proceso de investigación a los funcionarios  investidos del poder por parte del régimen usurpador  que violen el derecho a la propiedad. Igualmente se elaborará un informe, con base en las denuncias de los  afectados en el ilegal censo para atender las violaciones del derecho constitucional a la propiedad.

Dicen que  entregan miles de viviendas, pero quieren quitar millones

El debate del acuerdo aprobado fue iniciado por el diputado de la oposición, representante del estado Zulia, Avilio Troconiz, quien destacó la importancia de este acuerdo para los venezolanos en virtud de la terrible situación que están viviendo producto de la inseguridad jurídica, recordando que el régimen promovió las expropiaciones hace 20 años, quitándole a sus dueños más de 10 millones de hectáreas arruinando la producción del campo venezolano.

Contrastó que se jacten de construir miles de viviendas mientras, por otro lado, hoy quieran quitárselas a millones de ciudadanos, aprovechándose además de la diáspora forzada, por ello su mensaje fue de unidad y organización  en defensa de la vivienda.

El diputado Romny Flores, representante del Distrito Capital por la oposición, resaltó que la propiedad  privada es un derecho humano  y su violación no prescribe por lo que advirtió que la justicia le llegará en algún momento a quienes hoy promueven esta ilegalidad. Rechazó el “censo sesgado” calificándolo de político para seguir persiguiendo al pueblo. Afirmó que los censos tienen un fin positivo cuando los realiza un gobierno serio y democrático.

La diputada opositora Deyalitza Aray, quien representa el estado Carabobo, precisó que el mismo es una fachada para control político y social con el tema de la vivienda, como en su momento se ha hecho con la comida a través de las cajas Clap y con Mi Casa Bien equipada, donde solo se benefician los que tienen carnet de la patria.

Hizo un llamado a los padres que tienen sus hijos fuera del país a no permitir  que los despojen de su trabajo y de la oportunidad de heredarles un techo digno, que no fue regalado, sino ganado con esfuerzo y trabajo.

El diputado Arnoldo Benítez, (de la oposición), señalo que si bien los censos son producto de políticas públicas, la que adelanta el régimen usurpador  es la “Misión  Ubica tu Casa” que dará vivienda al que no la tiene. Señaló que  este censo, debió realizarse en el 2021 con los funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas y estudiantes universitarios, “pero en su lugar hoy pretenden hacerlo con milicianos y militantes de la UBCH, como una acción política para adueñarse de la propiedad privada”.

20 años de guerra psicológica buscando confundir al pueblo

Elio Serrano (PSUV- Miranda), fue el primero en  intervenir, en nombre del Bloque de la Patria, para afirmar que esta bancada regresaba al parlamento porque apuestan a la paz y  que para obtenerla están dispuestos a conversar hasta con el diablo, representado, a su juicio, en la oposición parlamentaria, “porque solo así se puede llamar a quienes piden intervención militar y bloqueo económico”.

Cuestionó que se pretenda asustar a las personas con un censo que se realiza desde hace 167 años y se utiliza como una herramienta de planificación. ”No hay argumento válido que permita visualizar el control político  que  argumentan se obtendrá con él”.

Orlando Zambrano (PSUV- Apure), calificó los señalamientos opositores como parte de una agenda de guerra  que mantienen desde hace 20 años contra la revolución, una guerra psicológica en la que dicen que el gobierno le quiere quitar la vivienda a los venezolanos para confundirlos.  Aseveró igualmente, que buscan debates contradictorios, “porque no quieren discutir sus vínculos con la narco política colombiana”.

No abriremos las puertas y  los enfrentaremos en la calle

“El censo que tiene que hacer el usurpador de Miraflores, es de cuántas personas se han tenido que ir por culpa de este régimen, los que comen de la basura, cuántos niños existen con desnutrición o han muerto por falta de medicinas o comida, y no el de casas vacías”, advirtió el diputado Ismael León, destacando que ese censo tendrá por respuesta al pueblo en la calle, pues no le abrirán la puerta, “en lugar de esto los enfrentaremos”, sentenció.

Finalizó el debate del acuerdo, el diputado Enrique Márquez por el Zulia, afirmando que es una temeridad iniciar un censo cuando la población venezolana está sometida a calamidades de hambre, inseguridad, diáspora y miseria.

 Tildó este evento como un proceso de acoso político que busca información para ser usada contra el pueblo. No obstante,  aseguró que el mismo no se hará  porque la gente no va a colaborar, ya que el 95 % de la población quiere salir de Maduro.

Retó a las organizaciones civiles a organizarse  para no permitir la realización de  este censo ilegal, írrito y necio realizado por una parcialidad política.

 

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