Caracas - Venezuela
abril 22 2024 / 3:24 a. m.

Asamblea Nacional declara la emergencia en el Parque Nacional Yapacana de Amazonas

Fecha: 02/03/2023

Caracas, 02 de marzo de 2023.- La comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional aprobó este jueves un Acuerdo de declaración de Emergencia del Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas, por los daños ocasionados a las comunidades indígenas, a los ecosistemas, a la flora y la fauna endémicas de la región, producto de la política minera del Estado venezolano.

A solicitud del diputado por el estado Amazonas, Julio Ygarza (Un Nuevo Tiempo), se sometió a consideración un proyecto de acuerdo que, aseguró, es de suma importancia no solo para Venezuela “sino también para la humanidad”.

Dijo Ygarza que Yapacana fue decretado Parque Nacional, para “preservar sus recursos escénicos, milenarios y científicos que guardan la evolución de su vegetación florística del paleotrópico y neotrópico, así como reptiles y anfibios endémicos, entiéndase que se encuentran únicamente en estos lugares”, y no existen en otras partes del mundo.

Además, responde a la necesidad de preservar la vida y los hábitats de nuestros pueblos originarios como los Piaroa, Mako, Puinave, Guanina y Kurripako, que hoy ven en riesgo; preservar su cultura, cosmovisión, usos y costumbres.

Ya en diciembre de 2022, el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (CEOFAN), hizo una intervención militar de ese parque para desalojar la actividad minera, objetivo que hasta la fecha no se ha materializado.

El diputado aseguró que el Parque se encuentra totalmente militarizado y alertó a todos los venezolanos y a la comunidad internacional sobre los riesgos que viven los pueblos indígenas. “Tenemos obligación como parlamento de denunciar y alertar lo que pudiese suceder allí” y exigió una salida pacífica que permita restituir todo el daño hecho al ambiente. “No queremos que esa destrucción que lleva más de 10 años producto de la actividad minera, se cierre con más sangre de venezolanos”.

Al respecto, el diputado indígena por los estados Apure y Amazonas Romel Guzamana (Voluntad Popular), recordó que el Yapacana es uno de los sitios de Venezuela que tiene más oro, y es uno de los más ricos de América Latina. “Es pretendido por muchos y olvidado por todos”, dijo, al denunciar que los gobiernos chavistas dieron la espalda a los pueblos indígenas y nunca se preocuparon por esta situación que ha derivado en un conflicto y empujado a los indígenas a desplazarse.

En este sentido, indicó que el problema comenzó cuando Nicolás Maduro entregó el territorio por segunda vez y ahora están “vendiendo” por tercera vez, el territorio venezolano, “cuando pretenden con Gustavo Petro (presidente de Colombia), arrancar un acuerdo de paz, una negociación que está creando un dilema entre Colombia y Venezuela porque no sabemos a dónde va a parar esta situación”.

Advirtió sobre el levantamiento de mapas locales y geosatelitales. “Ya no solamente es en el Parque Nacional Yapacana. Alrededor del cerro hay un sinnúmero de campamentos y maquinaria de la guerrilla colombiana y de los garimpeiros que usan como escudo y como mulas a los pueblos indígenas”.

Además dijo que hay una población minera al sur de Colombia que se llama Puerto Inírida, donde venden el oro que extraen del cerro Yapacana. “No hay honestidad con los pueblos indígenas. Falta transparencia y autoridad”.

Finalmente, la diputada por el estado Monagas, María Gabriela Hernández (Primero Justicia), enfatizó que es un derecho y un deber de todos los venezolanos mantener y proteger el ambiente sano, seguro y equilibrado en beneficio de sí mismos y de las generaciones futuras, pues así lo estipula la Constitución vigente desde 1999 y además es mandato de las Naciones Unidas.

Señaló que en 2022, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, arrojó información que alertó a todo el mundo sobre la actividad minera en el Parque Nacional Yapacana, a 200 kilómetros de la frontera con Colombia.

“En el centro del parque hay un alto Tepuy. En esas imágenes satelitales se apreciaron cerca de 750 hectáreas de parque deforestado. 17 hectáreas están justo sobre el tepuy y más de 3.000 hectáreas están afectadas por la minería. Se encontraron además más de 3.800 piezas mecánicas sobre el tepuy y dentro del parque, y unos 2.000 mineros en faena”, explicó.

Posterior a ello, el Ejército colombiano informó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y algunos miembros de la GNB venezolana estarían asociados para delinquir, controlando y enriqueciéndose de la actividad minera ilegal de ese parque y otros parques, ante la permisividad y carácter forajido del Estado venezolano.

Ante la gravedad de ambos informes, el 17 de diciembre de 2022, a través del CEOFAN se realizó la intervención y ocupación del Parque Nacional Yacapana, desalojaron a los mineros y cerraron los pasos terrestre y fluvial, hasta hoy.

“Todo se hizo sin dar alternativa a los mineros que solo se mudaron a otras zonas de Amazonas a continuar la deforestación y envenenamiento de las aguas y suelos con mercurio”, dijo la también presidente de la comisión permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Hernández apuntó que los mapas indican que los campamentos sobre el tepuy están intactos y no se aprecia reparación de las áreas afectadas, “a pesar de que declaramos nula la política Arco Minero del Orinoco y aprobamos la protección del Parque Nacional Canaima y del Parque Nacional Yapacana”.

Por tal motivo, propuso a la plenaria declarar en Emergencia al estado Amazonas y al Parque Nacional Yapacana y elevar el acuerdo a los 8 países que comparten la Selva Amazónica y al resto de países asociados en Naciones Unidas.

También, hacer del conocimiento en el mercado internacional del oro y minerales preciosos, la violación de los DDHH fundamentales y de la preservación de estas áreas especiales para evitar el comercio de estos minerales producto de la esclavitud moderna, de la devastación ambiental, de la aniquilación de culturas ancestrales y de actos que menoscaban los DDHH de las generaciones presentes y futuras.

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